Por medio de un video el MP dio a conocer su punto de vista y la respuesta al Parlamento Europeo por las sanciones que le puso a Consuelo Porras.

El Ministerio Público ha respondido a la resolución emitida por el Parlamento Europeo que sugiere sanciones contra Consuelo Porras y otros fiscales del MP.

A través de un video, han refutado estas acusaciones, calificando de falacia la afirmación de que el MP esté interviniendo en los resultados electorales o que haya infringido la voluntad popular.

Enfatizaron que el MP ha cumplido su deber de investigar las denuncias ciudadanas y rechazaron la narrativa errónea y maliciosa que circula.

Además, expresaron su desacuerdo por la falta de conocimiento del sistema legal guatemalteco por parte de los miembros del Parlamento Europeo y anunciaron que están considerando acciones legales, ya que perciben estos movimientos como un intento de obstaculizar la justicia.

Anteriormente, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, había mencionado que ciertos actores internacionales estaban intentando interferir en las investigaciones del MP.

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo, con 432 votos a favor y 9 en contra, plantea la petición de sanciones contra diversos actores políticos de Guatemala.

Denominada como «intento de golpe de Estado en Guatemala», hace referencia al anuncio de los resultados electorales en agosto de 2023 que dieron como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla.

La resolución solicita al Consejo de la Unión Europea que tome medidas restrictivas específicas, como la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra figuras como la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, el jefe de la FECI José Rafael Curruchiche Cacul, el juez Fredy Raúl Orellana Letona, la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Ávila, a quienes acusa de socavar el proceso electoral y utilizar el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras opositoras.