Human Rights Watch ha pedido a la Unión Europea aplicar «sanciones selectivas» contra individuos que, según la organización, han minado las protecciones de derechos humanos y el sistema democrático en Guatemala.
En una carta suscrita por altos representantes, la organización identificó a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana, solicitando a la Unión Europea establecer sanciones en su contra.
Los firmantes, Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas, y Philippe Dam, director de Defensa de la Unión Europea, argumentan a favor de «sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias con el proceso electoral en Guatemala».
Según el documento, la Fiscalía General ha llevado a cabo una investigación política contra Semilla desde julio, citando irregularidades en el registro del partido en 2018.
Se señala que esta acción se alinea con un patrón de «persecución judicial» y «hostigamiento» documentado por la Misión de Observación Electoral de la UE.
En referencia a Consuelo Porras, Fiscal General desde 2018, se afirma que ha entorpecido investigaciones sobre corrupción y derechos humanos, iniciando procesos penales arbitrarios contra periodistas, jueces, fiscales y exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).
En el caso de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se alega que ha obstruido investigaciones sobre corrupción y ha iniciado casos dudosos contra fiscales independientes, jueces y periodistas críticos.
También se menciona a Fredy Orellana, el juez que presuntamente autorizó procesos legales espurios liderados por el Ministerio Público y ordenó acciones legales contra quienes se opusieron a ciertas decisiones.
Cinthia Monterroso, por su parte, se señala por su participación en procesos penales relacionados con el registro de Semilla y allanamientos al Tribunal Supremo Electoral.
Todos estos señalamientos de Human Rights Watch piden la imposición de sanciones contra estos individuos debido a su supuesto involucramiento en actos que vulneran los derechos humanos y debilitan el sistema democrático en Guatemala.
Fuente: Soy502.com
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