Actualmente, la facultad de destituir al fiscal general en Guatemala está limitada debido a una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público realizada en 2016, que estableció que el presidente solo puede remover al fiscal general si este cuenta con una sentencia condenatoria en firme.
Dicha reforma fue un intento de limitar el poder del Ejecutivo y garantizar la independencia del Ministerio Público.
Sin embargo, en el contexto actual de manifestaciones y presiones sociales, se están explorando dos vías para devolver al presidente la facultad de destituir al fiscal general, una vía política a través del Congreso y otra jurídica a través de la Corte de Constitucionalidad (CC):
Vía Política – Congreso:
Existe una propuesta de ley presentada por Aldo Dávila (iniciativa de ley 6299) que busca reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para devolver al presidente el poder de destituir directamente al fiscal general.
La propuesta también permitiría la remoción de la fiscal general si cinco mil ciudadanos legalmente identificados y empadronados firman una solicitud.
La iniciativa contempla la posibilidad de una separación temporal de funciones de la fiscal general en caso de que sea objeto de una investigación penal.
También se incluye una prohibición para que los fiscales puedan postularse a cargos de elección popular inmediatamente después de dejar su cargo. Deberían esperar seis años.
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado consenso político para discutir esta propuesta en el Congreso. La falta de quórum y la suspensión de sesiones plenarias han dificultado la búsqueda de consensos.
Vía Jurídica – Corte de Constitucionalidad (CC):
Un grupo de abogados ha presentado una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de anular casi la totalidad del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las limitaciones para la destitución del fiscal general.
Esta acción busca que se respete la vigencia del artículo 251 de la Constitución de Guatemala, que otorga al presidente la facultad de destituir al fiscal general ante una causa justificada plenamente comprobada.
Algunos congresistas y abogados consideran que estas vías podrían no aplicarse retroactivamente a la actual fiscal general, Consuelo Porras, pero los abogados que presentaron la acción de inconstitucionalidad argumentan que las leyes ordinarias que contradicen la Constitución son nulas de pleno derecho.
En resumen, tanto el Congreso como la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las reglas relacionadas con la destitución del fiscal general en Guatemala, lo que podría tener un impacto significativo en el actual contexto político y social del país.
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